La Ley 23 de 2015 le exige conocer a cada cliente antes de trabajar con él y mantener ese conocimiento al día. QuickCheck convierte esa obligación en un flujo, y cada paso queda registrado.
La debida diligencia cambia si el cliente es una persona, una sociedad o una persona expuesta políticamente.
En una sociedad hay que seguir la cadena de propietarios hasta llegar a la persona natural que la controla. Ese es el punto que más se observa en las inspecciones.

El cliente entra una sola vez y el expediente nace completo; nadie lo arma después.




La pregunta del supervisor nunca es qué hace su plataforma: es qué revisó usted, cuándo y contra qué.
Fecha, hora, usuario, fuentes consultadas, coincidencias, descartes y conclusión, en PDF con su logo.
Los datos, los documentos y la firma del cliente en un solo lugar.
Una coincidencia PEP o una noticia negativa entra a una cola de revisión con su puntaje; el descarte queda escrito.
Cada documento tiene fecha de vencimiento y su propio aviso, para actualizar a tiempo.
Quién consultó, qué consultó y cuándo. El registro no se edita.
Después del alta, se vuelve a revisar según su nivel de riesgo.

Es el conjunto de medidas para identificar y verificar a un cliente, a quien actúa en su nombre y a su beneficiario final, entender su riesgo y mantener esa información al día durante toda la relación.
La Ley 23 exige actualizar a los clientes de alto riesgo como mínimo una vez al año. En QuickCheck usted define cada cuántos días se revisa cada nivel de riesgo y la plataforma lo hace sola.
Al menos cinco años desde que termina la relación con el cliente, según el artículo 29 de la Ley 23 de 2015.
¿Falta la suya? Pregúntenos con su caso sobre la mesa y la respondemos sobre su operación, no en general.
Alta de clientes en un solo flujo: formulario KYC por enlace seguro, documentos, firma electrónica, listas y riesgo, con el expediente completo desde el primer día.
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Leer másFuente: Ley 23 de 2015, texto actualizado (Compendio UAF, abril de 2022), artículos 27, 28, 29 y 34. Esta página es informativa y no sustituye la asesoría legal de su empresa.
Recibimos una necesidad empresarial compleja, la entendemos y la convertimos en una solución tecnológica integral. La conversación empieza por su operación, no por un catálogo de software.